El gasto público en Argentina se balancea entre reducir desigualdades y beneficiar a los más pudientes

En el marco de una polarización ideológica que marcó la agenda política desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, el rol del Estado y el gasto público emergieron como ejes centrales de la controversia. La administración libertaria, que ha cuestionado la legitimidad del sistema fiscal al tildarlo de “corrupto” y abogar por una drástica reducción de la intervención estatal, enfrenta un desafío estructural: el gasto público, que en Argentina promedió el 44,6% del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2014 y 2023, no solo refleja las prioridades colectivas, sino que también revela contradicciones en su impacto social y económico.

Un informe de Argendata, al que tuvo acceso Tendencia de Noticias, ofrece un análisis detallado de la evolución de este componente clave de la política económica argentina, destacando su magnitud, composición y efectos distributivos. “El gasto público es una de las herramientas más importantes del Estado para garantizar derechos, promover el desarrollo y mejorar la calidad de vida. También refleja las prioridades colectivas: en qué elige invertir una sociedad”, sostiene el documento. Sin embargo, advierte que, además de su impacto social, “un gasto mal diseñado puede agravar problemas como el déficit fiscal o la inflación”, un punto que resuena en las críticas de Milei al sistema estatal.

Entre 2014 y 2023, el gasto público en Argentina representó, en promedio, el 44,6% del PIB, un nivel que supera al de la mayoría de los países latinoamericanos, como Brasil (44%), Uruguay (30,2%), Chile (26,9%) o México (26,7%), y también a varias economías desarrolladas, como Canadá, Estados Unidos y Japón. No obstante, se encuentra por debajo de países con extensos Estados de bienestar, como Francia (57,9%), Bélgica (54%) o Alemania (46,8%). “Este volumen relativamente alto de gasto público en Argentina responde, en parte, a la provisión de servicios sociales como salud, educación y jubilaciones, pero también a otras partidas como subsidios económicos e intereses de deuda, que han tenido fuerte peso en distintos períodos”, detalla Argendata.

Este nivel de gasto refleja un esfuerzo estatal por sostener servicios esenciales, pero también expone la dependencia de partidas que, en algunos casos, han generado distorsiones económicas. La postura de Milei, que aboga por una eliminación progresiva del Estado en favor de un modelo basado en la libertad individual y la reducción de impuestos, pone en cuestión la sostenibilidad de este esquema, al considerar que el cobro de tributos constituye una forma de coerción que perpetúa un sistema ineficiente.

Uno de los aspectos más destacados del informe es el rol del gasto público en la reducción de desigualdades. “En todos los países analizados, el índice de Gini (un indicador de desigualdad) baja después de la intervención del Estado. Es decir, la desigualdad del ingreso ‘de mercado’ (antes de impuestos y transferencias) es más alta que la que queda después de que el Estado redistribuye”, explica Argendata. En Argentina, este efecto es particularmente significativo, comparable al de países como Sudáfrica y España. Programas sociales, jubilaciones para personas sin ingresos y el acceso universal a servicios como salud y educación son los principales mecanismos que explican esta reducción.

Sin embargo, el análisis revela una paradoja: no todo el gasto público beneficia equitativamente a los sectores más vulnerables. “Una parte del gasto público, como los subsidios a la energía, llega a sectores que no lo necesitan”, señala el informe. Los subsidios a la electricidad y el gas de red, que han representado una porción significativa del presupuesto en los últimos años, son un caso paradigmático. Aunque “los subsidios son al mismo tiempo progresivos y pro-ricos: mejoran proporcionalmente más el ingreso de los más pobres que de los más ricos, y por eso ayudan a reducir la desigualdad”, en términos absolutos, “los hogares de mayores ingresos concentran una mayor parte del gasto total en subsidios”. Esta dinámica pone en evidencia una asignación ineficiente de recursos, que termina favoreciendo a los sectores más acomodados en detrimento de una distribución más equitativa.

El gasto público no solo moldea el acceso a derechos esenciales, sino que también incide directamente en el estilo de vida de la sociedad argentina. La provisión de servicios como la educación pública y la salud gratuita permitió a millones de ciudadanos acceder a oportunidades que, de otro modo, estarían reservadas a los sectores de mayores ingresos. Sin embargo, la persistencia de subsidios mal focalizados, como los energéticos, generó un sistema en el que los hogares de clase media y alta consumen una porción desproporcionada de los recursos públicos, lo que limita la capacidad del Estado para financiar programas más progresivos.

Desde el punto de vista macroeconómico, el elevado nivel de gasto público ha sido un factor clave en el déficit fiscal crónico de Argentina, un problema que la gestión de Milei busca abordar mediante recortes drásticos. La retórica oficial, que califica al Estado como un “sistema corrupto” basado en el cobro de impuestos, avivó el debate sobre si es posible garantizar derechos sociales sin comprometer la estabilidad económica. “Un gasto eficiente puede dinamizar la economía y reducir desigualdades; uno mal diseñado puede agravar problemas como el déficit fiscal o la inflación”, subraya Argendata, un recordatorio de los riesgos de una gestión fiscal desbalanceada.

Desafíos en un contexto de polarización

La llegada de Milei al poder intensificó el escrutinio sobre el gasto público, con un discurso que cuestiona no solo su magnitud, sino también su legitimidad. La propuesta de reducir la intervención estatal hasta su mínima expresión plantea un dilema: ¿cómo garantizar la reducción de desigualdades sin los recursos que provienen del sistema fiscal? Mientras el Gobierno busca desmantelar lo que considera un aparato estatal ineficiente, el informe de Argendata sugiere que el gasto público, bien orientado, sigue siendo una herramienta indispensable para mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo.

En conclusión, el gasto público argentino, con su elevado peso relativo en el PIB, refleja un esfuerzo por mitigar desigualdades, pero también expone ineficiencias que benefician a los sectores más pudientes. En un escenario de profundas tensiones ideológicas, el desafío radica en encontrar un equilibrio entre la eficiencia fiscal y la justicia social, sin perder de vista que, como señala Argendata, el gasto público “refleja las prioridades colectivas: en qué elige invertir una sociedad”. La resolución de este dilema definirá no solo el rumbo económico de Argentina, sino también el estilo de vida de sus ciudadanos en los años venideros.